Las ESAL sí pueden ser clasificadas como MIPYMES: el Ministerio de Comercio desvirtúa la interpretación restrictiva de Colombia Compra Eficiente

Una decisión que reivindica la inclusión del emprendimiento social y femenino

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su Dirección MIPYMES, autoridad legalmente competente en la materia, confirmó de manera expresa y documentada que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)pueden ser reconocidas como micro, pequeñas o medianas empresas (MIPYMES), siempre que desarrollen una actividad económica formal y cumplan con los criterios objetivos establecidos en el Decreto 957 de 2019.

Este pronunciamiento —contenido en la respuesta oficial Radicado No. 2-2025-025479 del 15 de agosto de 2025— constituye una novedad jurídica trascendental, pues corrige años de interpretaciones erróneas y abre la puerta a la inclusión real de los emprendimientos sociales, comunitarios y femeninos en el sistema de compras públicas del país.

El pronunciamiento de la autoridad competente

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Dirección MIPYMES fue categórico:

“La normativa aplicable a las MIPYMES no limita su alcance a sociedades con ánimo de lucro. La definición legal contempla cualquier unidad económica, esto incluye la ESAL; no obstante, deben desarrollar actividad productiva de bienes o servicios y cumplir con los criterios de tamaño empresarial establecidos por el Decreto 957 de 2019.”

De esta manera, el único criterio determinante para la clasificación empresarial es el valor de las ventas brutas anuales, no la forma jurídica ni la existencia de ánimo de lucro.
La condición de Entidad Sin Ánimo de Lucro no impide ser clasificada como micro, pequeña o mediana empresa, siempre que se desarrolle una actividad económica formal y verificable.

Fundamento normativo claro y expreso

La Dirección MIPYMES sustentó su posición en un bloque normativo sólido y coherente, conformado por:

  • Ley 590 de 2000 (modificada por la Ley 1450 de 2011): define la empresa como toda unidad económica, sin distinguir su naturaleza jurídica.

  • Decreto 957 de 2019: fija los rangos de clasificación MIPYME con base en ventas brutas anuales.

  • Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento): reconoce que las cooperativas y entidades solidarias son empresas y pueden ser MIPYMES.

  • Ley 2234 de 2022 (Ley de Emprendimiento Social): define el emprendimiento social como una iniciativa con o sin ánimo de lucro.

  • Ley 2314 de 2023 (Ley Creo en Ti): promueve la eliminación de barreras a los emprendimientos liderados por mujeres.

  • Sentencia C-437 de 2023 de la Corte Constitucional: reitera que las ESAL pueden desarrollar actividades económicas y generar utilidades, destinándolas a su objeto social.

En consecuencia, el ordenamiento jurídico colombiano no condiciona la calidad de MIPYME al ánimo de lucro. Por el contrario, reconoce expresamente a las ESAL como unidades económicas válidas dentro de la estructura empresarial del país.

APG: ejemplo de exclusión injustificada y vulneración de derechos

La Fundación APG – Paz & Reconciliación, emprendimiento social liderado por una mujer, ha sido excluida sin sustento legal en múltiples convocatorias de contratación pública, bajo el argumento infundado de que las ESAL no pueden ser clasificadas como MIPYMES al no realizar reparto de utilidades, a pesar de cumplir plenamente con el Decreto 957 de 2019.

Estas exclusiones, sustentadas en conceptos administrativos sin fuerza vinculante, constituyen una vulneración directa de los derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, a la libertad económica y a la participación en condiciones de equidad, además de desconocer el principio de legalidad y el bloque normativo vigente.

El caso de APG refleja cómo una interpretación restrictiva y carente de fundamento ha generado daños económicos, reputacionales y estructurales a organizaciones que cumplen los requisitos legales, contables y empresariales para ser reconocidas como microempresas dentro del sistema MIPYME.

Colombia Compra Eficiente excede su competencia y contradice la ley

A pesar de la claridad normativa y del pronunciamiento de la autoridad competente, Colombia Compra Eficiente (CCE)ha sostenido una interpretación restrictiva y regresiva, según la cual solo las sociedades con ánimo de lucro que reparten utilidades pueden ser clasificadas como MIPYMES.

Esta posición —contenida en los conceptos No. 4201912000007056 y C–626 de 2025— carece de fundamento legal, vulnera los principios constitucionales de legalidad, igualdad y pluralidad de oferentes, y desconoce que, conforme al Decreto 210 de 2003, la competencia técnica en materia de clasificación empresarial corresponde únicamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Dirección MIPYMES.

Por tanto, Colombia Compra Eficiente no tiene competencia técnica ni normativa para redefinir quién puede ser considerado MIPYME, y sus conceptos no son vinculantes ni pueden modificar el sentido de la ley.

Efectos de una interpretación contraria al ordenamiento jurídico

La aplicación generalizada de esta doctrina restrictiva ha tenido consecuencias graves en el sistema de compras públicas:

  • Exclusión automática de cientos de ESAL de los procesos contractuales reservados a MIPYMES.

  • Vulneración del principio de igualdad real, especialmente en perjuicio de mujeres emprendedoras sociales.

  • Afectación económica y competitiva de entidades con experiencia y formalidad injustamente descartadas.

  • Barreras estructurales para la participación equitativa en el mercado público.

Estas prácticas violan los artículos 6, 13, 43, 83, 121 y 333 de la Constitución Política, al imponer requisitos inexistentes en la ley y desconocer el deber estatal de promover la inclusión económica y la equidad de género.

Criterio objetivo de clasificación MIPYME

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 957 de 2019, la clasificación MIPYME en Colombia se determina con base en un único criterio objetivo: el monto de las ventas brutas anuales, expresadas en Unidades de Valor Tributario (UVT).

En tal sentido, toda organización que desarrolle una actividad económica formal, sea de producción de bienes o prestación de servicios, y cuyos ingresos se ubiquen dentro de los rangos previstos en la norma, puede ser reconocida jurídicamente como micro, pequeña o mediana empresa, con independencia de su naturaleza jurídica o del ánimo de lucro.

La acreditación de dicha condición se realiza mediante certificación contable del valor de las ventas, suscrita por el contador público, el representante legal y, cuando sea exigible, el revisor fiscal, con fundamento en los estados financieros del último ejercicio contable.

En virtud del principio de legalidad (arts. 6, 121 y 123 C.P.), ninguna autoridad administrativa puede imponer requisitos adicionales ni efectuar interpretaciones restrictivas que alteren el sentido de la norma o desconozcan las competencias atribuidas por la ley.

De acuerdo con el Decreto 210 de 2003, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la formulación, adopción y orientación de las políticas, planes, programas y criterios técnicos en materia de clasificación y desarrollo empresarial.

La ley está del lado de la inclusión

El pronunciamiento de la Dirección MIPYMES del Ministerio de Comercio marca un antes y un después en la política pública de emprendimiento y en la aplicación del sistema de contratación estatal.
Confirma que la ley está del lado de la inclusión, y que ninguna entidad administrativa puede restringir derechos ni crear requisitos inexistentes.

Aplicar correctamente la ley es un acto de justicia.
Las mujeres que emprendemos desde lo social también somos MIPYMES.

Descargue aquí el Derecho de Petición MIPYME Colombia Compra Eficiente

Autora

 

María Mercedes García Perdomo
Abogada | Emprendedora social | Mujer cabeza de familia
Directora – Fundación APG, Paz & Reconciliación

Correo: mariammgp@gmail.com |

 www.fundacionapg.org

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