Ni abuso ni descrédito: protejamos la segunda oportunidad que miles de colombianos necesitan

Nace el movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad

Por: María Mercedes García Perdomo

Barranquilla, 22 de abril de 2026

En Colombia, cuando un debate se polariza, los que pierden siempre son los mismos: quienes trabajan bien pero no hacen ruido.

Esta semana, el régimen de insolvencia de persona natural vivió uno de sus momentos más tensos en su historia. Asobancaria convocó una rueda de prensa, los medios se inundaron de titulares y una expresión sin sustento judicial quedó instalada en el imaginario colectivo: «cartel de la insolvencia.»

Ante ese debate, hay dos respuestas fáciles. La primera: ignorar que existen malas prácticas, y la segunda, es aceptar sin cuestionar la idea de que el sistema está capturado por el crimen organizado.

Las malas prácticas son inaceptables: asesores y abogados que instrumentalizan la figura de la insolvencia para promover el no pago de obligaciones, cobrando honorarios no por la calidad del proceso sino por la cuantía de deuda que logran que el deudor deje de pagar; y centros de conciliación que sacrifican los requisitos mínimos que la ley exige con tal de conseguir casos a cualquier costo. Ambos son responsables del deterioro. El asesor que vende promesas que la ley no respalda. Y el centro que las tramita sin preguntar.

La segunda respuesta es aceptar sin cuestionar la idea de que el sistema está capturado por el crimen organizado. Denominar «cartel» sin evidencia penal y hablar de «miles de fraudes» sin estadísticas verificables daña la reputación y deteriora la confianza en un mecanismo autocompositivo fundamentado en la Constitución — en la dignidad humana, el acceso a la justicia y el principio de la buena fe. Esa generalización instala en el imaginario colectivo la idea de que la insolvencia es un espacio criminal. Y cuando esa percepción se instala, el deudor de buena fe que busca una segunda oportunidad, desconfía del sistema y de la institucionalidad, quedándose en la informalidad de la crisis sin resolver, perdiendo la única salida legal, legítima y humana que tenía.

Ambos extremos dañan a la misma persona: al deudor de buena fe que el sistema prometió proteger.

En este contexto, los centros de conciliación que operamos de buena fe, los deudores honestos, los operadores jurídicos formados con rigor, los acreedores, la academia y el propio Ministerio de Justicia tenemos la obligación de liderar el fortalecimiento de este sistema, a partir de un debate fundamentado en estadísticas y hechos, no en opiniones ni generalizaciones, y de un propósito que una a todos los actores, al servicio del acceso a la justicia de miles de colombianos.

Lo que dicen los datos oficiales

En 2016 se tramitaron 422 solicitudes de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia. En 2025 fueron 18.728. En menos de una década, el número de usuarios aumentó cuarenta y cuatro veces. Detrás de cada número hay alguien que perdió el empleo, enfrentó una enfermedad, o vivió una crisis financiera fuera de su control — y que eligió dar la cara para responder por sus obligaciones.

El SICAAC, sistema de información oficial del Ministerio de Justicia y del Derecho, registra que en Colombia hay 156 centros de conciliación autorizados para tramitar insolvencia en Colombia, todos con situación de funcionamiento normal: sin multas, sin amonestaciones, sin suspensiones, sin revocaciones. El Ministerio reporta 1 centro sancionado, es decir, el 0.64% del total. Ese dato habla por sí solo.

El único fallo disciplinario verificable en materia de insolvencia — proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en diciembre de 2025 y actualmente en apelación, documenta que en Colombia 3 abogados han sido sancionados por casos de insolvencia y 3 casos de deudores. Sobre 18.728 procesos en 2025, eso representa el 0.016% del total anual. El sistema detectó el esquema, investigó y aplicó la sanción máxima disponible, lo que evidencia efectividad de la respuesta. Si bien ese caso es una alerta que indica que se deben fortalecer los controles y las buenas prácticas, no es una evidencia de colapso sistémico.

Una reflexión necesaria sobre el término "cartel de insolvencia"

El 21 de abril en rueda de prensa, Asobancaria denunció la existencia de un «Cartel de la insolvencia». Esta denuncia fue amplificada masivamente por los medios, instalándose en el imaginario colectivo sin que nadie cuestionara su sustento jurídico. El fallo de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial reproduce la denominación que usó el quejoso en sus memoriales — como parte de la narración de los hechos — pero no la acredita como categoría jurídica propia. Esa distinción no es menor.

En derecho penal colombiano, el término «cartel» no tiene una definición jurídica formal. Es una expresión que la jurisprudencia ha asociado al concierto para delinquir, tipificado en el artículo 340 del Código Penal. Esta figura exige demostrar un acuerdo de voluntades orientado a la comisión de delitos, con continuidad y organización. Acreditarla requiere investigación penal, formulación de cargos y sentencia condenatoria ejecutoriada.

Lo que el fallo de la Comisión de Disciplina Judicial documenta en el caso específico investigado es un esquema fraudulento que involucró a 3 abogados sancionados disciplinariamente, 2 centros de conciliación y al menos 5 acreedores ficticios que aparecieron en los procesos de 3 deudores. Una de esas personas — denominada en el fallo como «prestanombre» — fue condenada penalmente a 58 meses de prisión por concierto para delinquir. Los 3 abogados enfrentan un fallo disciplinario actualmente en apelación.

Ese uso anticipado e indiscriminado del término “cartel de insolvencia” que invadió a todos lo medios de comunicación a nivel nacional, como producto de una rueda de prensa, no sólo es jurídicamente impreciso, sino que también genera un daño reputacional grave al mecanismo de insolvencia en su conjunto, erosiona la confianza en la administración de justicia y afecta el acceso efectivo a ella. Las consecuencias las pagan, antes que nadie, los deudores de buena fe que busquen en el sistema una segunda oportunidad, pero se encuentren con toda esta información que desacredita y deteriora la confianza de la insolvencia.

 

La pregunta que el debate debe responder es esta: ¿estamos ante una organización criminal con estructura, jerarquía y vocación de permanencia judicialmente acreditada, o ante malas prácticas que deben identificarse con precisión, sancionarse con contundencia y corregirse con controles y regulación? ¿Cuál es la metodología verificable que sustenta la dimensión real del problema? ¿Y cuál es la propuesta concreta para fortalecer el procedimiento del régimen de insolvencia sin afectar a los miles de deudores de buena fe y operadores que trabajan con rigor?

El problema que requiere atención urgente

En 2025, sólo el 33% de quienes acudieron al sistema terminaron en acuerdo. El 67% no lo logró. Esa brecha exige análisis rigurosos que nos llevan a plantear los siguientes cuestionamientos: Los asesores y abogados están instrumentalizando los procesos de insolvencia y a los centros de conciliación para promover el “negocio” del no pago de obligaciones? Se está promoviendo la masificación indiscriminada de procesos de insolvencia en centros de conciliación de bajo costo y bajos estándares? Se deben fortalecer los procesos de formación en centros de conciliación, operadores, deudores y acreedores para que se fortalezca la efectividad de las negociaciones que redunden en acuerdos efectivos? . Es allí donde se requiere regulación, formalización y propuestas concretas de fortalecimiento. La respuesta no es desacreditar la figura que miles de colombianos de buena fe requieren.

Para fortalecer las buenas prácticas y la sostenibilidad del sistema, proponemos #ProtejamosLaSegundaOportunidad, por un uso ético y responsable de un mecanismo legal que protege desarrolla derechos constitucionales.

Como parte de las acciones que se requieren para proteger el sistema, realizamos el siguiente llamado a cada uno de los actores que lo conforman:

La insolvencia es una conquista constitucional. Su fundamento es la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a la justicia. Es un mecanismo autocompositivo donde deudores y acreedores construyen juntos una salida negociada a la crisis económica de una persona, de una familia. Su sostenibilidad depende del compromiso de todos sus actores, del fortalecimiento a través de la confianza, la legitimidad y las buenas prácticas, por lo que realizamos este llamado:

Al Ministerio de Justicia y del Derecho: que se identifiquen y se combatan prácticas inadecuadas que instrumentalizan a los centros de conciliación, vigilando la intermediación de asesores y abogados, estableciendo estándares mínimos de calidad, que generen unas tarifas mínimas. Que se fortalezca la labor de los centros de conciliación y de los operadores, desde el ejercicio de una función pública transitoria, y que se realicen campañas para recuperar la credibilidad en el sistema.

A los centros de conciliación y conciliadores: Que honremos la función pública que el Estado nos ha concedido de manera transitoria. Nuestra labor es facilitar una negociación real, una segunda oportunidad para los deudores de buena fe, respetando los derechos de los acreedores y actuando con imparcialidad y rigor.

A los abogados y asesores: Que ejerzan con integridad. El abogado que asesora en insolvencia es un profesional de la justicia, no un vendedor de trámites. El que cruza esa línea no solo se expone a consecuencias disciplinarias y penales graves: está traicionando al deudor que confió en él en un momento de gran vulnerabilidad y debilitando al sistema que dice servir.

A los acreedores: Que participen del procedimiento entendiendo su dimensión humana. El acuerdo recupera más que una ejecución interminable. El sistema no puede ser sano si el crédito que lo alimenta no lo es. La solidaridad no es una concesión, es la base del mecanismo. Que no busquen en la insolvencia un mecanismo para acceder a dinero fácil, sino en una oportunidad de ejercer la profesión desde la responsabilidad humana y social.

A los deudores: Que busquen orientación profesional seria. Una segunda oportunidad real se construye sobre la verdad, no sobre atajos que tarde o temprano se derrumban. La insolvencia permite pagar con fundamento en la realidad financiera del deudor, no se trata de un mecanismo para evadir obligaciones adquiridas.

A Asobancaria: compartimos la preocupación por la integridad del sistema. Precisamente por eso les extendemos el llamado a sustentar las denuncias con datos verificables, fuentes oficiales y metodología transparente que permita entender la dimensión real del problema. Las soluciones reales no se construyen con titulares explosivos, sino con estándares, protocolos y regulación efectiva. Trabajo en equipo de todos los sectores. Los invitamos a convertir esta denuncia en propuesta y a sumarse a la construcción colectiva de un sistema más sólido, más confiable y más justo para todos sus actores.

Al Instituto Colombiano de Derecho Concursal: como autoridad académica y técnica en materia concursal, su voz es indispensable en este debate. Le hacemos un llamado a liderar la construcción de criterios jurídicos rigurosos, con independencia, precisión técnica y la autoridad que da el conocimiento especializado. El país necesita propuestas concretas de regulación, formación y estándares mínimos que protejan la figura y a quienes la operan con rigor.

Y a todos los actores: el acceso al crédito formal es una de las herramientas más poderosas de inclusión económica. Un sistema de insolvencia sólido protege al deudor, al acreedor y protege la confianza en el crédito que toda la sociedad necesita. Deteriorarlo es cerrarle la puerta a quienes mañana necesiten esa salida. Y esa persona podría ser cualquiera de nosotros.

Al final de cada estadística hay una persona. Y esa persona necesita que el sistema que existe para protegerla siga en pie.

Lo que APG convocó antes de que fuera noticia

El 14 de abril de 2026, siete días antes de que el debate se volviera noticia nacional, APG y la Universidad Libre Seccional Barranquilla, convocamos a 300 personas al evento Uso y abuso de la insolvencia: las buenas prácticas y el conocimiento que fortalecen el sistema, con la participación del doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y del doctor Iván Cancino González, abogado penalista. El propósito fue exactamente este: nombrar el problema con precisión para fortalecer la figura.

El evento supera hoy las 2.000 vistas:

Únase al movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad: Ni tolerar las malas prácticas, ni desacreditar una figura que miles de colombianos necesitan.

Este movimiento es de todos los que creen que la insolvencia merece ser defendida con rigor y con humanidad.

Si usted es un centro de conciliación que opera con protocolos y no transa con los atajos, ni está interesado en instrumentalizar sus procesos a cualquier costo— este movimiento es suyo.

Si usted es un abogado o asesor que le dice la verdad al deudor aunque no sea lo que quiere escuchar — este movimiento es suyo.

Si usted es un conciliador u operador que verifica, que documenta, que actúa cuando algo no cuadra — este movimiento es suyo.

Si usted es una entidad académica, un gremio o una institución que cree que el debate debe construirse sobre evidencia — este movimiento es suyo.

Súmese al movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad: Ni tolerar las malas prácticas, ni desacreditar una figura que miles de colombianos necesitan.

Súmese diligenciando el formulario. Ponga su conocimiento. Ponga su compromiso. Porque lo que está en juego no es la reputación de un sector — es el acceso a la justicia de miles de colombianos que mañana van a necesitar una segunda oportunidad.

👉 Únase al movimiento #ProtejamosLaSegundaOportunidad

🌐 fundacionapg.org

📧 info@fundacionapg.org

📞 310 423 8917

📍 Barranquilla · Bogotá · Puerto Colombia

Sobre APG — Alternativas Pacíficas para la Gestión de Conflictos

APG opera tres centros autorizados para trámites de insolvencia en Barranquilla, Bogotá y Puerto Colombia. En menos de cuatro años ha tramitado cerca de 500 casos de conciliación extrajudicial y formado a cerca de 2.000 abogados, abogadas y líderes en resolución pacífica de conflictos — entre ellos, 541 formados en insolvencia de persona natural.

Sobre Federación Colombiana de Centros de Conciliación Fedecentros Fundada en el 2019 ha liderado iniciativas para fortalecer la labor de los centros de conciliación como entidades fundamentales en

Sobre María Mercedes García Perdomo

Fundadora y Directora de APG. Fundadora y Presidenta desde el 2019 de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación — Fedecentros. Reconocimiento Especial en los Premios Excelencia en la Justicia 2024 por su liderazgo en la práctica extrajudicial. Abogada y periodista, con doble maestría en Asuntos Públicos y Estudios Latinoamericanos, especialista en Gerencia Social. 15 años de experiencia en el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y el acceso a la justicia en Colombia.

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